COPARMEX Querétaro y la UIF firmaron un convenio de colaboración para atender y orientar el debido cumplimiento de la llamada Ley Antilavado.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), firmaron un Convenio de Colaboración para establecer bases y mecanismos de cooperación, con actividades de carácter académico que propicien espacios de análisis, reflexión, actualización y divulgación, desde sus respectivos ámbitos de competencia, en materia de prevención y combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI) y financiamiento al terrorismo (FT).

El convenio signado entre el Dr. Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, y el Mtro. Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la COPARMEX (con el secretario Arturo Herrera Gutiérrez como testigo de honor) busca desarrollar una colaboración mutua para atender y orientar el debido cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

La persecución y castigo a los delitos de ORPI y FT se ha intensificado durante los últimos años a nivel mundial, debido a la afectación que los mismos provocan en el plano económico, comercial y de seguridad social. Ante ello, diversos países han tenido que implementar procedimientos de investigación transfronterizos para detectar la red de empresas y personas físicas implicadas.

Las actividades vulnerables son susceptibles de ser utilizadas por el crimen organizado para lavar dinero o financiar al terrorismo. El modo de operar de las organizaciones delictivas a nivel internacional, refleja un constante apego y mayor involucramiento con el sector formal de la economía, intentando disfrazar u ocultar la ilegítima procedencia de los recursos.

Las personas físicas o morales que se dediquen a realizar actividades vulnerables en nuestro país, están sujetos a la LFPIORPI, y deben cumplir con las obligaciones establecidas en dicha legislación, para evitar afectaciones como la cancelación y revocación de licencias, permisos o patentes que les permitan realizar su actividad económica, además de la posibilidad de ser sancionados por la autoridad competente, con la imposición de multas o procedimientos administrativos de ejecución.